La (infernal) Ciudad de los Niños

La sentencia 475-2016 es clara: los hechos documentados y testimonios de los niños, niñas y adolescentes citados ameritan una intervención estatal y una investigación de los posibles delitos cometidos en el albergue la Ciudad de los Niños Salamanca, y en demás centros administrados por Pedro Gutiérrez Farías y sus colaboradores.

Lunes 31 07 17

Los delitos que, según la jueza federal Macías Lovera, se deben investigar, incluyen la apropiación de la patria potestad, que es “irrenunciable” y sólo la autoridad puede otorgar a terceras personas; la violación del derecho a la identidad; la violación del derecho a la convivencia, a la integridad personal y a una vida libre de violencia. Podrían existir también delitos de violación y desaparición de personas, como sugieren testimonios citados en la sentencia y en medios, de adolescentes embarazadas que desaparecieron del albergue de Salamanca.

Resulta paradójico que el gobernador de Guanajuato considere que no es obligación investigar a Pedro Gutiérrez, como si bastara con que el DIF esté a cargo del albergue y que la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) se ocupe de la restitución de los derechos de éstos. Es un avance que las instancias como el DIF se apeguen a la ley y reparen el daño del que, por omisión, son responsables, y que la Procuraduría de Justicia esté investigando delitos contra la filiación y el estado civil.

Desde la perspectiva de la justicia resulta, sin embargo, inexplicable que no se haya investigado al responsable del albergue, como si los delitos denunciados no lo ameritaran. Incluso respetando la presunción de inocencia, la actuación de las autoridades estatales, y la falta de atracción por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), sugiere una preocupante tolerancia hacia la violencia institucional. Aun si no hubiera indicios de violación y de posible trata de personas —contenidos en los testimonios— ¿no basta con que se hayan violado derechos humanos de las víctimas?

La falta de contundencia de las autoridades explica que el denunciado se convierta en acusador: Gutiérrez Farías presentó una demanda penal contra quien resulte responsable por los delitos de “difamación y calumnia”. Este instrumento se usa para amedrentar a quienes denuncian e informan. Por eso incluso en el Congreso de Guanajuato se ha planteado eliminarlo del Código Penal del estado pues sirve para atentar contra el derecho a la información.

La PGR debe atraer el caso, como lo han exigido el Centro de Promoción de los Derechos de la Infancia NIMA y la Redim.

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Referencia …
http://eleconomista.mx/entretenimiento/2017/07/31/infernal-ciudad-ninos

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